Excomandantes del Gaula, encargados de evitar raptos, fueron condenados por secuestrar

La Fiscalía General de la Nación confirmó que 3 exintegrantes de la Policía Nacional fueron capturados y judicializados por secuestrar, torturar y asesinar de un hombre el 8 de enero de 2011.

Según se supo, un juez penal especializado de Manizales impuso 50 años de prisión a la teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas y al mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del Gaula en Caldas y Risaralda, respectivamente.

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Asimismo, se sentenció a 49 años de prisión al exsubintendente Jorge Iván Ladino Montoya, exjefe de logística del Gaula en Risaralda.

Estos 3 exfuncionarios fueron encontrados responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado, por lo que también se les impuso multas que oscilan entre los 18.000 y 19.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 A los judicializados también se les impuso inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y deberán cumplir las penas en establecimiento carcelario.

En el mismo sentido, la Fiscalía detalló como sucedieron los hechos y reveló que el capitán Cáceres Carrillo, en compañía una uniformada, se trasladó en un vehículo oficial desde Pereira (Risaralda) hasta un restaurante en Manizales (Caldas), un área fuera de su jurisdicción y retuvo a la víctima sin tener una orden judicial, mientras esta departía con sus amigos. 

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Según la investigación, el hombre retenido en el camino “fue golpeado sistemáticamente, inmovilizada con un dispositivo eléctrico y trasladada en diferentes carros hasta que, finalmente, fue subido a un automotor que conducía el entonces subintendente Ladino Montoya, el cual fue incendiado y abandonado en la vereda Las Palomas, entre Chinchiná y Palestina (Caldas)”.

Posteriormente, las autoridades que atendieron dicha conflagración encontraron al hombre muerto en el baúl del vehículo, con evidentes signos de tortura y rastros de haber recibido, por lo menos, 26 choques eléctricos.

Como si fuera poco, las evidencias recopiladas indican que, horas después del secuestro, la entonces mayor Gañán Rojas, ocultó pruebas que inculpaban al capitán y que, en su momento, los familiares del hombre denunciaron que recibieron llamadas en la que les exigieron $ 80.000.000 por la supuesta liberación de su ser querido.